El Congreso de los Diputados ha dado este jueves pasado el visto bueno definitivo a la primera ley de acción exterior y del servicio exterior del estado en 35 años de democracia con los votos del PP y tras un debate en el que la oposición ha lamentado que el proyecto “se olvida de los ciudadanos” y “da la espalda a las comunidades autónomas”.


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El Congreso aprueba

la primera ley de

acción exterior de la

democracia

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La dimensión internacional de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiempos un protagonismo sin precedentes. La razón de ello es que en un mundo globalizado e interdependiente como el actual, la forma de conducir la política exterior de un Estado incide de manera directa e inmediata en la vida e intereses de sus ciudadanos. Además, en el ámbito europeo, se ha desarrollado un ambicioso proceso de integración supranacional en el que los Estados miembros han atribuido a la Unión Europea el ejercicio de un elenco tan amplio de competencias que la actuación nacional e internacional quedan estrechamente entrelazadas.
Para España, la aprobación de la Constitución de 1978 supuso un cambio trascendental que ha tenido una gran incidencia en la Acción Exterior de nuestro país. Ha permitido la incorporación de España a foros de los que durante mucho tiempo estuvimos excluidos, especialmente la ya citada Unión Europea, el Consejo de Europa y la Alianza Atlántica, a la par que ha impulsado la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. También ha propiciado el establecimiento de nuevas dimensiones de la Acción Exterior, como lo es la cooperación internacional al desarrollo. Y todo ello con fundamento en el firme compromiso con los valores fundamentales que inspiran las relaciones dentro de la comunidad internacional, muy en especial, los valores de la dignidad humana, la libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo.

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Asimismo, la Constitución de 1978 creó el marco jurídico necesario para el reconocimiento a diversos sujetos, entre ellos las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de competencias en materia de Acción Exterior, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de la Acción Exterior en sentido propio. Ello ha comportado un gran enriquecimiento interior y exterior para España, pero conlleva, a su vez, la correlativa necesidad de coordinación para garantizar una armoniosa convivencia entre la Acción Exterior y la dirección de la Política Exterior por parte del Gobierno.
II
En este contexto, la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado se concibe como un instrumento flexible que presta atención preferente a cinco exigencias fundamentales.
En primer lugar, resulta preciso afirmar y promover los valores e intereses de España con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su imagen en el mundo.
En segundo lugar, cobra una importancia capital consolidar y reforzar la credibilidad de España en el exterior ya que, como consecuencia de la globalización y del crecimiento exponencial de las relaciones económicas internacionales, la confianza resultante es de indudable importancia para aumentar la exportación de bienes y servicios, atraer capitales con los que financiar nuestra economía y facilitar la implantación y expansión de nuestras empresas.
En tercer lugar, conviene fortalecer nuestra participación en el proceso de integración europeo y articular una Acción Exterior que resulte armónica con la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como con el cometido del Servicio Europeo de Acción Exterior.
En cuarto lugar, es primordial lograr una adecuada coordinación de la Acción Exterior de España con la de los países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esta dimensión genuina de España, derivada de la historia y de la afinidad cultural y lingüística, de la que forma parte sustantiva el español como lengua común, constituye un empeño irrenunciable para España.
Y, finalmente, resulta obligado garantizar una adecuada asistencia y protección a los españoles y apoyar a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior.
A partir de esta concepción, la ley establece siete principios rectores de la Acción Exterior del Estado: unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y coordinación; planificación; eficiencia; eficacia y especialización; transparencia; y servicio al interés general.
Sobre estos principios, la ley reafirma la competencia del Gobierno, en su papel de dirección de la política exterior, y sus facultades de coordinación de la Acción Exterior. Revitaliza el Consejo de Política Exterior y su Consejo Ejecutivo, a los que corresponde velar para que la Acción Exterior de Estado se
cve: BOCG-10-A-51-1
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 51-1 21 de junio de 2013 Pág. 3
desarrolle de conformidad con los principios y objetivos de la Política Exterior y se ajuste a las directrices fijadas por el Gobierno mediante la adecuación de los medios a los objetivos. Establece, ya que reconoce a todos los actores en el exterior, instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación que procuren que la Acción Exterior sea integrada y exista una plena conexión entre ella y la Política Exterior. Y, finalmente, concibe el Servicio Exterior del Estado como el instrumento fundamental para la ejecución de la Política y de la Acción Exterior al aglutinar en él a todos los órganos de la Administración General del Estado que actúan en el exterior y consagrar a los Embajadores y Representantes Permanentes ante Organizaciones Internacionales como los órganos directivos a los que corresponde la dirección y la coordinación de todos ellos.
Todo ello se vertebra, lógicamente, en el marco constitucional, en particular con base competencial en los artículos 149.1.3.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, 149.1.18.ª que le atribuye la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones publicas y de régimen estatutario de los funcionarios, y 97 que otorga al Gobierno, asimismo en exclusiva, la dirección de la política exterior.
III
La ley se estructura en cuatro títulos. El punto de arranque lo configura un título preliminar en el que se recogen las disposiciones generales sobre el objeto y definiciones de la ley y los principios que la inspiran, con clara diferencia entre Política Exterior y Acción Exterior del Estado. Se persigue dotar a esta última de unidad y coherencia interna, más allá de la suma de las acciones sectoriales; planificarla, garantizar su eficacia y eficiencia, reconocer la necesaria especialización en su ejecución; y ponerla al servicio de los intereses generales de España, como resultado de una visión participada y compartida sobre lo que a España interesa.
El título I regula los sujetos y los ámbitos de la Acción Exterior del Estado. Sus disposiciones parten del reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de sujetos que, sin competencias en Política Exterior, desarrollan una muy intensa Acción Exterior, en el ejercicio de sus competencias propias, y deben sujetarse a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno en el ejercicio a su vez de su competencia exclusiva de dirección de la Política Exterior del Estado. Respecto de los sujetos, entre los que no cabe olvidar por su relevante papel a la Corona, la ley recoge la mención de aquellas competencias y funciones que guardan estrecha relación con la Acción Exterior del Estado. Como novedad, la ley establece un sistema de información y comunicación de las actuaciones en el exterior y de los viajes y visitas al exterior que persigue una doble finalidad: que el Gobierno facilite a los sujetos de la Acción exterior apoyo en su ejecución; y, en lo que a los órganos constitucionales y Administraciones públicas concierne, que pueda emitir recomendaciones motivadas acerca de la adecuación de dichas actuaciones a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.
Asimismo, en este título se relacionan y describen, sin ánimo de constituir una lista cerrada e inmutable, los ámbitos de la Acción Exterior entendidos como aquellos que, por su singular importancia, deben ser atendidos y tenidos en cuenta para la formulación de una Política Exterior cuyo objetivo último es la defensa y promoción de los valores e intereses de España, el progreso y el crecimiento sostenible y el bienestar de la población española con especial énfasis en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género, destacando la atención y protección de las mujeres españolas victimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior.
En el título II se regulan los instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior. Los primeros son la Estrategia y el Informe de Acción Exterior, ambos objeto de aprobación por el Gobierno, cuya elaboración se lleva a cabo conjuntamente por todos los Departamentos ministeriales y se completa con las aportaciones de los órganos constitucionales, las Comunidades y Ciudades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
En la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior resulta imprescindible la puesta en valor de todos nuestros activos inmateriales ante sociedades civiles y actores no gubernamentales en el ámbito internacional. La promoción de la imagen de España en el exterior constituye una tarea inexcusable.
Por lo que a la coordinación concierne, la ley presta especial atención a un órgano clave para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Política Exterior, órgano colegiado asesor del Presidente del Gobierno en su tarea de dirección de la Política Exterior, que se configura como el principal garante de la coherencia interna de la Acción Exterior del Estado y la plena coordinación entre la Acción Exterior y la Política Exterior.
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CiU y PNV logran que se apruebe una enmienda que limita la obligación de las comunidades de informar al Gobierno de los viajes de sus altos cargos

Madrid. (EFE).- El Congreso de los Diputados ha dado este jueves pasado  el visto bueno definitivo a la primera ley de acción exterior en 35 años de democracia con los votos del PP y tras un debate en el que la oposición ha lamentado que el proyecto “se olvida de los ciudadanos” y “da la espalda a las comunidades autónomas“.

Esas han sido algunas de las críticas que han formulado los portavoces de la oposición durante el debate de las enmiendas del Senado a la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, que ahora entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado(BOE).

Aunque el PSOE ha apoyado algunas de las enmiendas, ha recordado que su postura quedó clara con su abstención en la votación del dictamen de la ley, cuyo enfoque “miope” y “centralista” no comparten, según ha dicho el diputado del PSC Alex Sáez, que ha criticado la ausencia de negociación por parte del Gobierno.
Una de las enmiendas aprobadas -la mayoría son de carácter técnico- limita la obligación de las comunidades autónomas de informar al Gobierno de los viajes de sus altos cargos a los que realicen los presidentes y consejeros autonómicos, como pedían los socialistas y los nacionalistas.

Durante el debate, el diputado del PP José María Beneyto ha salido al paso de las críticas de la oposición al asegurar que ha sido un proyecto consensuado con diálogo y negociación. Ha negado que se recorten competencias a las comunidades autónomas y ha defendido que habrá mayor control parlamentario con la presentación de un informe anual sobre la estrategia de acción exterior, la obligación del ministro de Exteriores de comparecer para informar de su cumplimiento y la comparecencia de los embajadores en comisión.

Una ley “amplia, moderna” y que cumple con todas las necesidades frente a “los intentos de reducir España a una visión provinciana”, ha dicho Beneyto después de escuchar los reproches de los grupos nacionalistas. Así, el diputado de CiU Jordi Xuclá ha criticado al titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, por convertirse en “el ministro para Catalunya” y situarse en el “ridículo” con el último informe “sectario” y de “puro marketing” de su Ministerio, que asegura que una Catalunya independiente perdería un 20% de su PIB.

En esa “condición dispersa” de Margallo, Xuclá ha enmarcado las “instrucciones a embajadores” o la presentación de informes “apocalípticos” que llegan a afirmar que con la independencia “Catalunya quedaría perdida en el espacio sideral”. Con él ha coincidido Joan Tardá de ERC al rechazar la “estupidez” y el “ridículo” que hace el Gobierno con declaraciones “acientíficas” más propias de “cómic barato”. “Pónganse como se pongan, el 9 de noviembre el pueblo catalán votará y si el pueblo catalán mayoritariamente vota sí, proclamaremos la República”, ha advertido Tardá.

El socialista Alex Sáez ha pedido además al ministro de Exteriores que deje de utilizar políticamente a las embajadas y de publicar informes que “enconan” el tema de Catalunya y perjudican el diálogo.

La ley de acción exterior ha contado también con el rechazo del PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, ha calificado el proyecto como la culminación de “un auténtico desastre” tras un “despropósito” de negociación. Para el PNV es difícil asumir una ley que “coarta” las competencias de las comunidades autónomas en acción exterior en un “afán desmedido” del Estado “por controlar y dirigir ámbitos que no le corresponden”.

Las criticas de UPyD han ido en otra dirección, ya que la diputada Irene Lozano le ha echado en cara al Gobierno que decidiera negociar con los nacionalistas en lugar de con su formación política, lo que al final ha llevado -en su opinión- a empeorar el proyecto.

Por su parte, Joan Josep Nuet de la Izquierda Plural ha acusado al PP de romper el diálogo y los acuerdos con las fuerzas políticas y las centrales sindicales en la regulación de la situación de los trabajadores del servicio exterior. Asimismo, ha coincidido con el resto de la oposición en que la ley “da la espalda a las comunidades autónomas” y se convierte en un paso más en el proceso de recentralización que “viene pilotando” el Gobierno del PP.

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