La nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada que entro en vigor el pasado dia 5 del mes de Junio, esta pendiente de su Reglamento que se pùblicarà a finales de este año 2014


 tecnicos competentes para elaborar planes de autoprotección acreditados por la administracción  http://segurpricat.org/2013/05/22/que-tecnicos-son-competentes-para-elaborar-planes-de-autoproteccion/
tecnicos competentes para elaborar planes de autoprotección acreditados por la administracción http://segurpricat.org/2013/05/22/que-tecnicos-son-competentes-para-elaborar-planes-de-autoproteccion/

La nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada que entro en vigor el pasado dia 5 del mes de Junio, esta pendiente de su Reglamento que se pùblicarà a finales de este año 2014

Definiciones a los efectos de la nueva ley  de seguridad privada se entiende por:
1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.
2. Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.
3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada.
4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas al personal de seguridad privada.
5. Medidas de seguridad privada: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos.
5 bis (nuevo). Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.
6. Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada.
7. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada.
8. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.
9. Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.
10. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan servicios de investigación privada.

11. Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al régimen de declaración responsable para impartir en sus locales formación al personal de seguridad privada.
12. Elemento, producto o servicio homologado: aquel que reúne las especificaciones técnicas o criterios que recoge una norma técnica al efecto.
13. Elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado: aquel que lo ha sido por una entidad independiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Post de Julian flores garcia en Segurpricat Consulting Advisory “Care on safety”

Esta nueva Ley, según se apunta en el preámbulo, “representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España”.

Pretende cubrir lagunas y terminar de perfilar la adaptación del sector a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

Destaca de ella la actual regulación del catálogo de actividades atribuidas a la seguridad privada y que definen el ámbito de actuación reservado a este sector.

 

La empresa
La empresa

ACTIVIDADES RESERVADAS A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

En lo referente a temas de videovigilancia, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encontramos dos actividades donde únicamente podrán prestar servicios las empresas de seguridad privada:

  • la instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.
Quedando fuera del ámbito de aplicación de esta ley la fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia.
  • la explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.

 

REQUISITOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DESARROLLAR ESTAR ACTIVIDADES

De este modo, para poder desarrollar acciones para materializar estas actividades, las empresas de seguridad deberán contar con la correspondiente autorización administrativa, que tendrá una validez indefinida.

No obstante, si lo que se pretende es dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada arriba expuesta, relativa a la instalación y mantenimiento, bastará con que se presente una declaración responsable. Parece además que, en este supuesto, los requisitos que deberán reunir las empresas serán menores, aunque este aspecto ha quedado inconcluso hasta que se determine reglamentariamente.

En cualquier caso, la prestación de servicios, dentro del ámbito señalado, por parte de empresas de seguridad que no cumplan con la totalidad de las condiciones y requisitos previstos, tendrá como resultado que el tratamiento de las imágenes de carácter personal derivados del ejercicio de ambas actividades, no sea legítimo.

 

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SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

Es más, para que dicho tratamiento sea legítimo, la nueva ley, al detallar los concretos servicios que han de prestar las empresas de seguridad, exige además que:

  • los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, los realicen técnicos acreditados, previa elaboración, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalación. Estos sistemas deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine reglamentariamente.
  • los servicios de videovigilancia, seanprestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales. Los servicios de videovigilancia, a que esta Ley se refiere, sonexclusivamente aquellos que utilicen cámaras o videocámaras o cualquier medio técnico análogo con la finalidad de vigilar para:
    1. prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o
    2. impedir accesos no autorizados.
No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia, y por tanto podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada, la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea: la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje.

 

LEGITIMIDAD PARA ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVADA

De todos modos, al margen de estos supuestos con especiales requerimientos, la nueva Ley de seguridad privada, como la anterior, también contiene una previsión que legitima, sin necesidad de obtener el consentimiento de los interesados, el tratamiento de imágenes derivado de los sistemas de videovigilancia (incluso no conectados con centrales de alarma instalados y mantenidos por cualquier prestador de servicios) al permitir la adopción de cuantas medidas de seguridad se precisen para proteger a las personas y/o bienes y asegurar el normal desarrollo de la actividad personal o empresarial.

Eso sí, la adopción de medidas de seguridad no podrá atentar contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, ni incumplir, en su caso, las condiciones o requisitos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.

 

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SOMETIMIENTO DE LA VIDEOVIGILANCIA A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Por lo demás, por primera vez en sede legal, la ley establece que “la monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima”.

En este sentido, recordemos las obligaciones a cumplir cuando la videovigilancia, en el ámbito privado, tenga como objetivo garantizar la seguridad de las personas y de los bienes:

  • Deberá existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en que se traten los datos.
  • Deberá captar lo estrictamente necesario para el fin perseguido
  • Solo será admisible si es efectivo y no existe un medio menos lesivo.
  • Deberá procederse a la inscripción de un fichero ante la AEPD (salvo que el tratamiento consista exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real).
  • Se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad
  • Se colocará un distintivo informativo en los accesos a las zonas videovigiladas, sean exteriores o interiores y se pondrá a disposición de los afectados que lo soliciten el impreso indicado en la instrucción 1/2006.
  • Se dispondrá de impreso informativo a petición de los afectados.
  • Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible (como máximo un mes).
  • Se deberá celebrar un contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros si dicho acontecimiento tuviera lugar y , en su caso, uno de prestación de servicios sin acceso a datos informando sobre el deber de secreto.
  • Como regla general, no se tomarán imágenes ni sonidos de las vías y espacios públicos.

 

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LA AUTOPROTECCIÓN, NORMATIVA SUBSIDIARIA Y SANCIONES

Para finalizar, un par más de asuntos importantes, o tres, que no deben quedarse en el tintero:

  • Del mismo modo que la LOPD no se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar, la Ley de Seguridad Privada no se aplica a las actuaciones de autoprotección, ejecutadas por y para sí mismos, no para terceros, con el fin de proteger su propio entorno personal o patrimonial.
  • Respecto a la videovigilancia, en lo no previsto en la ley de seguridad privada y en sus normas de desarrollo, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre este asunto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • La multa por contratar o utilizar a sabiendas los servicios de empresas de seguridad carentes de la autorización o declaración responsable necesarias para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, o a personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad, será de 20.001 a 100.00€. La sanción para quienes presten estos servicios a terceros careciendo de autorización o sin haber prestado declaración responsable, será de 30.001 a 600.000€ y para quienes ejerzan funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesarias, será de 6.001 a 30.000€.

Declaración responsable FORMULARIO SP

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